Con la llegada de los activos digitales al mercado contemporáneo, la estrategia empleada para su protección ha debido evolucionar, ya que los ciberdelincuentes constantemente acechan a los usuarios de criptodivisas, desplegando métodos cada vez más sofisticados en sus ataques.
Frente a esta problemática persistente, han surgido soluciones como las carteras de custodia. En este enfoque, un custodio calificado vela por la seguridad de los activos digitales mediante distintos tipos de llaves. Las criptomonedas pueden almacenarse y protegerse mediante tres tipos de llaves: la llave del cliente, la llave de respaldo y la llave de la plataforma de custodia. Estas llaves se resguardan en un lugar de almacenamiento en frío, lo que implica que están aisladas del internet para una mayor seguridad.
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La llave del cliente, generada y almacenada offline por el custodio, se utiliza principalmente al realizar transacciones. En contraste, la llave de respaldo, también creada y almacenada offline por el custodio, tiene la función de recuperar datos en caso de pérdida. Por último, la llave de la plataforma de custodia, generada y guardada en el módulo de seguridad de hardware del custodio (HSM), se requiere para validar transacciones.
Al visualizar las carteras de custodia como un escudo protector de los fondos de los usuarios, podemos dividirlas en cuatro aspectos clave: custodia, almacenamiento, regulación y aseguramiento.
En términos de custodia, se asegura la protección de los fondos mediante cámaras acorazadas de calidad bancaria, procedimientos de seguridad rigurosos y políticas de monederos personalizables.
En cuanto al almacenamiento, es esencial resguardar los elementos de seguridad en computadoras y sistemas no conectados directamente a internet. Esto impide que actores malintencionados, como hackers, puedan atacarlos.
En relación con la regulación, la tranquilidad de los usuarios sobre la protección adecuada de sus activos depende de verificar que la plataforma que utilizan cuente con el respaldo de un custodio regulado. La entidad fiduciaria debe someterse a auditorías periódicas por parte de las autoridades reguladoras correspondientes para garantizar que cumpla con los elevados estándares en términos de capitalización, confidencialidad, entre otros.
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